Fallo del Tribunal Supreno de Estados Unidos
El 26 de junio de 1997, el Tribunal Supremo de Estados Unidos por unanimidad determinó que no existe un derecho constitucional al suicidio asistido y que los estados pueden proteger a los residentes mediante la prohibición del suicidio asistido. Sancionó las leyes contra el suicidio asistido de Nueva York y Washington, que habían sido revocadas por tribunales inferiores. Esto sienta un importante precedente: en 44 estados comete un crimen quien ayude a otro a suicidarse, aunque sea un doctor. (En Oregón, el único estado que a legalizado lo que se ha llamado “ayuda a morir”. La ley nunca ha entrado en vigor debido a que ha sido impugnada, y se presentará de nuevo a la consideración de los votantes en noviembre de 1997.)
El Presidente del Tribunal Supremo, William Rehnquist, en la opinión del Tribunal, expuso lo siguiente:
“Al Estado le compete proteger a los pobres, los ancianos y los minusválidos. La vida de los minusválidos y los ancianos no se puede valorar menos que la de los jóvenes y saludables¼ La dificultad que presenta el definir qué es enfermedad terminal y el riesgo de que la petición de un moribundo de que se le ayude a morir no sea verdaderamente voluntaria justifican la prohibición del suicidio asistido que sancionamos aquí.”
Rehnquist dijo que un examen de la historia de nuestra nación, las tradiciones legales y la práctica demuestran que la ley angloamericana ha castigado o desaprobado el suicidio asistido por más de 700 años y que las leyes estatales que prohíben esa práctica nunca han incluido excepción alguna para los que se encuentren cerca de la muerte. Indicó que el Presidente Clinton había firmado recientemente una ley que prohibía el uso de fondos federales para apoyar el suicidio asistido por los médicos.
El Tribunal expresó que “Al Estado le compete proteger la integridad y la ética de la profeción médica”. Citó los documentos presentados ante el tribunal por la Asociación Medica de Estados Unidos y otros 51 agrupaciones médicas, acordando que:
En ambos casos, todos los magistrados del Tribunal Supremo estaban de acuerdo con el Presidente del Tribunal, aunque varios escribieron sus propias opiniones.
Cuestiones constitucionales puestas a prueba
El Tribunal se había hallado ante dos cuestiones constitucionales. En el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos, los demandantes habían mantenido que la Cláusula de Debido Procedimiento protege el derecho a cometer suicidio, lo que incluye el derecho a la asistencia para cometer ese acto [1].
En el segundo caso, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos [2] había argumentado que la prohibición por el estado de la asistencia para el suicidio viola la Clausula de Igual Protección de la decimocuarta Enmienda de la Constitución, porque dicha cláusula no distingue entre el rechazo de tratamientos para sostener la vida y el suicidio. El Tribunal Supremo respondió que dicha ley no infringe el los derecho fundamentales ni distingue en forma alguna entre personas, y manifestó que “toda persona, no importa en que condición física, tiene el derecho, si se halla en estado competente, de rechazar tratamientos médicos indeseados para salvar la vida; a nadie se le permite ayudar a otro a suicidarse.
La mayoría de los informes de prensa indicaban que en los casos de Nueva York y Washington se trataba de decisiones voluntarias tomadas por adultos competentes. De hecho, estos casos comprendían mucho más, incluso la eutanasia involuntaria para personas que no tienen enfermedades terminales. El lenguaje de los tribunales de apelación recordaba de manera escalofriante el prejuicio contra los que son medicamente vulnerables y los moribundos. Por ejemplo, el juez Stephen Reinhardt, del Noveno Tribunal de Circuito, opinó que “una persona adulta competente y con una enfermedad terminal, habiendo vivido casi todo el termino de su vida, tiene un interés profundo en escoger una muerte digna y humana y no que se le reduzca a un estado de incapacidad, en pañales, sedado, incompetente”. El juezReger J. Miner, del Tribunal del Segundo Distrito, opinó que el Estado no tiene “interés alguno en prolongar una vida que se acaba”. De hecho, el asunto no es el prolongar el proceso de la muerte, sino proteger y cuidar a los moribundos hasta que les llegue el momento de la muerte natural.
¿Una victoria para los vulnerables?
El fallo del 26 de junio tiene un impacto enorme, pero no es una victoria total para los que se oponen a la epivalotanasia (muerte impuesta). Si bien los magistrados no “inventaron” un derecho constitucional al suicidio como habían inventado un derecho constitucional al aborto en el caso Roe v. Wade, el Tribunal esquivó en este caso el asunto al no exigir que se aplicara en todos los estados federales la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza igual protección a todas las personas. Aunque sostuvo que los estados pueden prohibir el suicidio asistido, no ordenó que se prohibiera, y cinco de los nueve magistrados dieron a entender que estarían dispuestos a aceptar alguna forma de suicidio asistido. El resultado fue, en esencia, poner el asunto en manos de los estados donde sin duda continuará siendo un asunto volátil.
El Tribunal Supremo de la Florida: “El derecho a la privacidad” del estado no incluye el derecho al suicidio asistido
En julio de 1997, sólo un mes antes del fallo del Tribunal Supremo de que no existe un derecho federal al suicidio asistido, el Tribunal Supremo de la Florida dio otro golpe al movimiento pro “el derecho a morir”. En una decisión 5 a 1, los magistrados opinaron que hay una distinción entre el honrar el deseo del paciente de que no se usen tratamientos para prolongar la vida, lo cual es legal, y la administración de fármacos con el fin de ocasionar la muerte directamente. Rechazaron el argumento de que la disposición sobre privacidad en la Constitución del Estado incluía el suicidio asistido, y confirmaron la ley estatal de hace 129 años que criminaliza el suicidio asistido.
¿Decidir estado por estado?
Aunque los defensores de la eutanasia han perdido dos batalles decisivas en los tribunales, han prometido librar la batalla, estado por estado, y obtener la aceptación social y legal del “derecho a morir”. Desde 1995, más de 50 proyectos de ley se han presentado ante las legislaturas de más de 20 estados con el fin de legalizar el suicidio asistido o la eutanasia; todos han sido denegados. A partir de 1989, 16 estados han legislado o aclarado leyes que prohíben espresamente el suicidio asistido.
Los que se oponen a la epivalotanasia (muerte asistida) creen que el derecho a la vida es un derecho inalienable (dado por Dios, no por el Estado) y universal. Por lo tanto, permitir que en un estado se mate a ciudadanos medicamente vulnerables mientras estados se les protege en otro es algo que es contrario a los derechos humanos. Las decisiones sobre quién debe vivir y quién morir no es algo que puede decidirse por proceso o aclamación popular. Mayoría no es sinónimo de moralidad.
Las leyes federales prohíben el uso de fondos procedentes de impuestos para el suicidio asistido. La ley no prohíbe que se rehúse administrar alimento y fluidos (nutrición e hidratación), que ha llegado a ser una forma común de muerte impuesta (véase “Cuando no se provee alimento y agua” pág. 7).
Aunque existan estatutos que protejan a las personas vulnerables, eso no significa que necesariamente se cumplan los mismos de manera automática. Tenemos que hacer todo lo posible por asegurar que la actuación de los encargados de establecer políticas, los profesionales de la medicina y otros cuyas decisiones tienen impacto sobre el asunto del fin de la vida sea del más alto nivel ético. Tenemos que mantenernos vigilantes, listos a expresarnos en defensa de la vida, cueste lo que cueste.
Tribunal Supremo de Estados Unidos, Nos. 96-110 y 95-1858, 26-VI-97.
Compassion in Dying v. Washington, 79 F. 3d 790 (9th Cir. 1996)
Quill v Vaccim, 80 F. 3d 716 (2nd Cir. 1996)